La Justicia agroambiental verificará en terreno si el proyecto petrolero respeta los límites de la reserva o si hubo manipulación de hitos. El fallo puede cambiarlo todo.
La tensión vuelve a subir en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos fijó para el 16 de marzo la inspección judicial al pozo Domo Oso X-3 (DMO X-3), un paso decisivo que definirá si el proyecto avanza o se frena de forma definitiva.
La medida cautelar que paralizó temporalmente la exploración venció tras 30 días. El juez consideró que no era proporcional ampliarla y reactivó el proceso con dos hitos: la inspección técnica en el ingreso al pozo, en el cantón Chiquiacá, y una audiencia pública el 24 de marzo, donde comunidades, activistas, el Gobierno y la empresa operadora expondrán sus argumentos.
El Ejecutivo y Petrobras Bolivia sostienen que el pozo está a 1,5 kilómetros fuera del límite oficial de la reserva y cumple la normativa ambiental. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian posibles cambios en los hitos que delimitan el área protegida y exigen auditorías ambientales.
Desde el ámbito político, la senadora Marcela Guerrero pidió a la Contraloría revisar modificaciones al plan de manejo de la reserva y el proceso de consulta pública. También se cuestiona la validez de algunas firmas comunitarias.
En paralelo, sectores vinculados al área energética presionan para avanzar con la perforación como respuesta a la caída de reservas de gas. Del otro lado, ambientalistas advierten que Tariquía es la principal “fábrica de agua” del sur del país.
Marzo será decisivo. La inspección técnica marcará si la pausa ambiental se convierte en un freno definitivo o si se abre la puerta a una nueva etapa de exploración petrolera en una de las zonas más sensibles de Tarija.
